De la Espriella lanza advertencia antes de la movilización del miércoles

En vísperas de la movilización nacional convocada para este miércoles 14 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella advirtió que quienes intenten generar hechos violentos se encontrarán con la determinación de su Gobierno. Durante una alocución televisada, el mandatario reconoció la protesta pacífica como una garantía constitucional, pero señaló que ese derecho no ampara agresiones, daños a bienes, amenazas contra trabajadores ni acciones que impidan el paso de ambulancias y equipos de emergencia.
“Frente a hechos que constituyan delitos, las autoridades actuarán conforme a la ley”, afirmó el presidente. También aseguró que no permitirá bloqueos permanentes de carreteras ni que los carriles de TransMilenio sean usados como trincheras. Según dijo, agredir a una persona, lanzar objetos para herir, retener a alguien o involucrar a niños en una protesta son conductas que deben tratarse como delitos.
De la Espriella acusó a los convocantes —entre ellos sindicatos y sectores de oposición— de buscar el caos y la desestabilización del Gobierno. Sostuvo que se trata de los mismos grupos que, según él, dejaron al país con problemas económicos, riesgo de apagones, dificultades en el sistema de salud, amenazas a la soberanía energética y recursos públicos saqueados. Añadió que quienes intenten “incendiar” a Colombia se enfrentarán a la respuesta de su administración.
La movilización reúne reclamos laborales, educativos y territoriales. Fecode convocó a los maestros para defender la educación pública, la salud del magisterio y sus derechos laborales, y exigir la reconstrucción de escuelas afectadas por el terremoto. También participarán organizaciones indígenas y sociales que expresan preocupación por decisiones del Gobierno y por las medidas anunciadas para regular la protesta.
El mandatario se refirió al decreto sobre protesta social, cuya presentación está prevista para esta semana. La medida ha generado debate antes de conocerse oficialmente: el Gobierno sostiene que busca establecer reglas para diferenciar la protesta pacífica de los actos violentos, mientras organizaciones sociales y expertos advierten que podría ampliar la discrecionalidad de la Fuerza Pública y debilitar los mecanismos de diálogo.
Además, De la Espriella anunció que llevará al Congreso un proyecto de ley de estatuto antiterrorista. La propuesta contempla crear un registro de organizaciones terroristas, congelar bienes y endurecer las sanciones por ataques contra la Fuerza Pública. El presidente calificó la iniciativa como una herramienta para enfrentar a los grupos armados y aseguró que las operaciones de seguridad de sus primeros dos meses de Gobierno han dejado 125 toneladas de cocaína, 60 de marihuana, 1.092 kilos de heroína y 3.456 armas incautadas. También reportó la captura de 876 presuntos integrantes de esos grupos y la muerte de otros 70 en operaciones.
Frente a las críticas por posibles excesos o vulneraciones de derechos humanos, el mandatario sostuvo que quienes cuestionan la aplicación de la ley a los delincuentes terminan siendo sus “cómplices digitales y de opinión”.

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